Informe documenta desplazamiento forzado de familias en Chihuahua por violencia criminal
La Misión Civil de Observación reportó amenazas, ataques armados, asesinatos, cobro de piso y reclutamiento forzado en comunidades serranas.
Organizaciones señalaron que no existe un registro oficial de víctimas y pidieron una política integral de atención.
Cientos de familias han abandonado sus comunidades en Chihuahua debido al control territorial de grupos criminales, ataques armados, amenazas, asesinatos, violencia sexual, cobro de piso, bloqueo de caminos y reclutamiento forzado de jóvenes, de acuerdo con el “Informe sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación en Chihuahua 2026”.
La Misión Civil de Observación se realizó en mayo de 2026 y permitió documentar testimonios de alrededor de 200 personas en situación de desplazamiento forzado interno, así como casos en comunidades de Guadalupe y Calvo, Uruachi, Guazapares y otras localidades de Chihuahua.
También se recabó información de familias provenientes de Tamazula, Durango, y la Mesa de San Miguel, Sinaloa, que llegaron a Chihuahua tras hechos de violencia en sus lugares de origen.
Organizaciones participantes señalaron que existen 89 carpetas de investigación relacionadas con desplazamiento forzado interno, aunque advirtieron que muchos casos no han sido denunciados por temor a represalias.
El informe también refiere que actualmente existen ocho sentencias firmes a favor de las comunidades de El Manzano y Monterde por desplazamiento forzado. Sin embargo, las organizaciones señalaron que los responsables no han sido judicializados.
Entre las principales preocupaciones se encuentra la falta de un registro oficial de personas desplazadas, lo que impide dimensionar con precisión el problema y diseñar políticas públicas adecuadas.
Las organizaciones recomendaron establecer una mesa interinstitucional permanente, fortalecer la atención en vivienda, salud, educación, empleo, apoyo psicológico y asesoría jurídica, además de impulsar una estrategia de seguridad que atienda las causas del desplazamiento y permita retornos voluntarios, seguros y dignos.
