Buscan reactivar proyecto minero canadiense en Chihuahua pese a prohibición ejidal
La empresa Apollo Silver pretende reactivar el proyecto Cinco de Mayo, ubicado en el ejido Benito Juárez, donde existe una moratoria de 100 años contra la exploración y explotación minera.
La compañía propone un acuerdo por 30 años, con posibilidad de prórroga, que contempla pagos por 50 millones de dólares y oportunidades laborales para habitantes de la comunidad.
La empresa de capital canadiense Apollo Silver busca reactivar el proyecto minero Cinco de Mayo, ubicado dentro del ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, pese a que la comunidad mantiene desde 2012 una prohibición para realizar actividades de exploración y explotación minera en sus tierras.
De acuerdo con lo informado, la empresa cuenta con una opción de compra sobre el proyecto y convocó a una nueva asamblea ejidal para discutir el levantamiento de la moratoria, así como un acuerdo que le permitiría acceder al territorio durante 30 años, con posibilidad de extender el plazo por otro periodo.
Como parte de la propuesta, Apollo Silver plantea entregar 50 millones de dólares al ejido Benito Juárez durante la vigencia del acuerdo, mediante pagos anuales. También contempla la contratación de habitantes de la comunidad para trabajar en la operación minera.
El planteamiento ha generado posiciones encontradas entre los ejidatarios. Mientras algunos están dispuestos a negociar, otros se oponen a modificar la decisión adoptada el 17 de noviembre de 2012, cuando la Asamblea General del ejido acordó restringir durante 100 años la exploración y explotación minera en sus tierras y solicitó el retiro de una empresa canadiense que realizaba trabajos exploratorios en la zona.
Aquel conflicto estuvo acompañado de divisiones entre habitantes y episodios de violencia. En octubre de 2012 fueron agredidos un dirigente local contrario al proyecto y su hijo. Días después, el dirigente y su esposa fueron asesinados. Los hechos ocurrieron en medio de la disputa relacionada con el proyecto minero y posteriormente la asamblea ejidal rechazó la actividad minera y exigió la salida de la compañía.
Actualmente, ejidatarios que mantienen su oposición recordaron ese antecedente y expresaron preocupación ante la posibilidad de que se reanuden las actividades extractivas. En un posicionamiento público, señalaron que la moratoria fue establecida después de años de conflicto y división, y sostuvieron que la medida buscaba proteger el agua, el territorio y la tranquilidad de las familias.
Los opositores también advirtieron que no desean que el conflicto vuelva a escalar y pidieron que su postura sea escuchada antes de modificar la prohibición vigente.
